En los próximos años nuestro país, por su ubicación en el corredor biológico mesoamericano, que concentra el 12% de la biodiversidad del planeta, estará sometido a la invasión trasnacional y al despojo de sus recursos minerales, hídricos y a una mayor concentración de la propiedad y tenencia de la tierra para cultivos de palma africana y caña de azúcar para producción de agrocombustibles. Las empresas trasnacionales han entrado al país con el favor de la oligarquía nacional, pero ahora también de los militares en retiro quienes tienen el poder político y represivo a su disposición. Dados los niveles de corrupción manifestados en todo, es posible que el otorgamiento de concesiones de este tipo esté vinculado a dadivas, acciones o participación en esas empresas, en relación a lo cual empiezan a haber signos de rompimiento y rivalidad entre estos poderes nacionales, tratando cada uno de tomar totalmente el poder político.

Todo esto se agravo con el TLC con Usa y se agudizara con el ADA, en los que se incentiva el comercio para los recursos naturales y los agrocombustibles y se favorece la inversión trasnacional.

Los efectos son devastadores en el acceso a la tierra y demás medios de producción para la mayoría de la población, estigmatizando a la pequeña producción agrícola que realmente es el sustento de la economía nacional y la única esperanza para garantizar por lo menos la seguridad alimentaria y la lucha contra la desnutrición crónica de la mayora de la población. La agro exportación se ha basado en la utilización temporal de mano de obra y la explotación laboral, lo cual incluso ahora se reduce con la producción de agrocombustibles con menos demanda de mano de obra agrícola, produciendo un mayor desempleo.

El mayor empobrecimiento de la mayoría de la población, la crisis alimentaria, la inseguridad y la incertidumbre política son los principales problemas que afectaran más fuertemente a más del sesenta por ciento de la población en situación de pobreza y pobreza extrema.

Para el país, una de las principales actividades que generan ingresos (11% del PIB) lo representan las remesas enviadas desde el extranjero, principalmente Estados Unidos. En el momento actual, con una crisis financiera que impacta en los empleos y con la incertidumbre de las políticas migratorias norteamericanas, las remesas se prevén con una disminución de efectos negativos para Guatemala.

El salario mínimo promedio (Q2 mil 268) que fue aprobado, equivale a la mitad del costo de la canasta básica vital (Q4 mil 668 al mes de julio 2012), mientras que para las mujeres y los jóvenes ocupados la paga en promedio ni siquiera cubre la canasta básica de alimentos (Q2 mil 558).

La economía informal se asocia a bajos ingresos de los trabajadores, nula cobertura social y exclusión del crédito. Hay correlación entre exclusión social y sentido de no pertenencia al sistema.

Por otro lado, el país no cuenta con una estructura tributaria progresiva y justa que provea con recursos suficientes al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones y de esta manera garantizar una vida digna para quienes habitan el país. Los grandes contribuyentes en contubernio con las autoridades de turno nunca permitieron la implementación del pacto Fiscal y la recaudación se ha convertido en un punto medular para la economía del país, en tanto que sin recaudación fiscal no podrá haber inversión social, aunque se recurra al endeudamiento público, como ya se viene haciendo.

En un país como Guatemala en el que las desigualdades sociales son abismales, donde la pobreza y pobreza extrema son fenómenos estructurales que devienen de un modelo económico caracterizado por una excesiva concentración de la riqueza, fenómenos económicos internacionales, los megaproyectos y fenómenos naturales por los cambios climáticos, agudizan la escasez de alimentos para la mayoría de la población, generando crisis alimentaria.

El impacto de la inseguridad alimentaria es fatal. No es cuestión de escasez, de alimentos, sino del destino de estos a otros fines que nos son la alimentación de la población. La expansión del cultivo de palma africana y de la caña de azúcar que se está extendiendo por toda la región de la Franja Trasversal del Norte y la costa sur tienen como destino la producción de agrocombustibles. A todo esto se suman los desastres que produce el cambio climático. Guatemala es uno de los países latinoamericanos más expuestos al cambio climático (sequías, tormentas), además de que descansa sobre plataformas sísmicas.

Aunque la biodiversidad sigue siendo un activo del país, es indudable que sin políticas eficaces seguirá reforzándose la tendencia de degradación de suelos, zonas marinas y costeras, deforestación de bosques y escasez de agua dulce. Se prevé para los próximos años mayor explotación de los recursos naturales pero también se prevé mayor articulación de esfuerzos en cuanto a la defensa del territorio por parte de comunidades y pueblos.

La inseguridad será otro de los problemas que persistirá en los próximos años. La lucha entre los carteles internacionales del narcotráfico y las campañas de desestabilización social y política, continuaran incrementando la violencia y la inseguridad. El mayor desafío de la seguridad no será ideológico, sino de disputa de territorios y poblaciones gobernadas por mafias.

Para facilitar el despojo y la explotación, hay un proceso de readecuación de sistema económico, político y de remilitarización, que es impulsada por la oligarquía nacional en alianza con el partido de los exmilitares contrainsurgentes, que estarán en el Gobierno, por lo menos los próximos tres años.

Usan como excusa la lucha antiterrorista y narcotráfico, criminalizando y reprimiendo la protesta social en todos los niveles, pero ahora fuertemente a nivel comunitario, no obstante que hay evidencias de que gente que forma parte o está vinculada a estas estructuras represivas, participa o tiene relación con narcotráfico y crimen organizado. Su objetivo es anular y reprimir la protesta social frente al despojo, criminalizándola e imponiendo el total control militar del país, con la excusa del combate al narcotráfico y al crimen organizado que ellos mismos han sustentado.

Se revelarán mayores retos para contener jóvenes ingresando a las maras (pandillas juveniles). Son niños y jóvenes de familias con poca estabilidad (padres emigrantes y subempleados, madres solteras trabajadoras) inducidos al alto consumo y horizontes cortos de vida y las grandes brechas sociales.

El sistema de partidos políticos está dominado totalmente por negociantes de la política que lo han prostituido, haciendo del parlamento y la función legislativa en un mero negocio de votos. La fragilidad de los partidos y su propensión a fragmentarse deterioran la política democrática.

El botín que representa el tener el poder político, hace que durante el presente periodo todo el tiempo se vive sumergidos en una permanente campaña electoral, desde el mismo partido de oposición conservadora, el partido gobernante y la promoción de un nuevo partido de la oligarquía que por la disputa en la asignación de las concesiones para la explotación minera e hidroeléctrica se está distanciando de los gobernantes.

La mayoría de los grandes medios de comunicación están en manos de los mismos sectores dominantes, con los que manipulan, al servicio de sus intereses, la formación de opinión publica. Además atacan a los pequeños esfuerzos por la generación de medios populares de comunicación.

Los movimientos populares son un referente de lucha para los sectores afectados por las crisis y el empobrecimiento, con demostraciones de fuerza social en movilizaciones, pero con dificultades todavía para superar la desarticulación y unificarse en un solo movimiento. La defensa del territorio es un aglutinante para movimientos locales con mayores posibilidades de articulación.

Los partidos políticos de izquierda que podrían ser el instrumento o camino de participación política popular, no han encontrado todavía el camino de unidad entre ellos, para constituirse como un solo referente de participación política electoral de los movimientos sociales y populares, sumándose a todo ello, el temor en gran parte de la población, a la represión que aún se mantiene como resabio del conflicto armando, así como la falta de recursos por parte de los partidos de izquierda para competir en campañas electorales permanentes y sin tener acceso a los medios de comunicación que concentran los grupos poderosos

El riesgo mayor, sin embargo es también el terror a la represión que se ha actualizado con el gobierno de ex militares y la remilitarización, sumadas a las políticas y programas asistencialistas y con fines partidistas del gobierno actual que promueven la desarticulación de los procesos organizativos populares.

Frente a todo esto cada vez surge con más fuerza y posibilidades un proceso de reconstitución de los pueblos indígenas, con la posibilidad de buscar su libre determinación, basados en los acuerdos y declaraciones internacionales por los derechos colectivos de los pueblos indígenas como base para propender a la refundación del Estado.

Orientados hacia la reconstrucción de las comunidades y la reconstitución de los pueblos, el trabajo de SERJUS está encaminado al fortalecimiento y articulación desde las comunidades y municipios, formando asociaciones e integrando sus organizaciones locales, territoriales y sectoriales, unidas a las organizaciones tradicionales y alcaldías indígenas o el fortalecimiento de los consejos de Pueblos Mayas, dentro y fuera o en coordinacion con el sistema de consejos de desarrollo, e integrando coordinadoras municipales con capacidades técnicas y políticas para incidir y participar en la planificación del desarrollo local y en el gobierno municipal y departamental. Se busca también la relación del movimiento comunitario local, con las organizaciones sectoriales, populares y sociales, en lo regional y nacional.

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