Auditoría Social por el derecho humano al agua

Auditoría Social por el derecho humano al agua

Las Autoridades Ancestrales del pueblo Poqomam de Santa Cruz Chinautla Asociación de Desarrollo Integral de Vecinos de la aldea San Antonio las Flores, AVDISAF con el acompañamiento de Plataforma Urbana, Aserjus y el diputado Aldo Dávila presentaron sus informes de auditoría social frente al derecho humano al agua.

Las auditorías se realizaron amparadas en el uso de instrumentos legales nacionales los cuales permiten a la población conocer el destino de los fondos públicos asignados a las municipalidades y por lo tanto al desarrollo de las comunidades.

Marco Jurídico de la Auditoría Social:

  1. Constitución Política de la República
  2. Código Municipal
  3. Ley de Consejos de Desarrollo Urbano, Rural y su reglamento
  4. Ley General de Descentralización y su reglamento
  5. Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su reglamento
  6. Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos
  7. Ley Orgánica de Presupuesto

El proyecto auditado por parte de las comunidades Kaqchiqueles de San Antonio las Flores fue la constricción de un pozo de agua que en 2018 ofreció la municipalidad de Chinautla, el cual a la fecha sigue sin abastecer del vital líquido a las familias.





Por su parte las comunidades de Santa Cruz Chinautla iniciaron en 2019 una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos y el Congreso de la República para exigir el abastecimiento del agua en sus comunidades utilizando el nacimiento de agua “El Borboyón”, el cual era administrado por el pueblo Poqomam y que posteriormente fue asumido por la Municipalidad de Chinautla.

En marzo de 2021 el pueblo Poqomam recibe la sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad donde se les reconoce el derecho humano al agua potable, sentando un precedente para que otros pueblos puedan exigir el cumplimiento de este derecho ante las autoridades correspondientes.

Ambas auditorías evidencian los contratos asumidos por la municipalidad de Chinautla y su incumplimiento lo que revela actos de corrupción y contraviene lo indicado en la CPRG.

Las y los vecinos hacen un llamado a la población en general a que se haga valer su derecho al acceso a información pública ya que con esto se garantiza que los impuestos y recursos del estado se utilicen para beneficio de las comunidades y no para intereses particulares o empresariales.

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