Defensa del Territorio
Los proyectos extractivos impuestos por el modelo de acumulación de riqueza a costa del despojo de las comunidades están impactando gravemente al departamento de Guatemala.
Recientemente se han presentado estudios realizados desde la Asociación El Observador, la investigadora Rosa Cuéllar, en alianza con SERJUS y las comunidades, donde se han podido identificar a los actores involucrados, entre ellos empresarios y autoridades de gobierno, que han permitido que la vida social y el entorno ambiental de las comunidades se deteriore día a día.
Proyectos extractivos en la región metropolitana
“Los impactos socio-ambientales ocasionados por la implementación de proyectos extractivos en el área son graves, pues además de la degradación ambientar por contaminación de las cuencas y del agua para consumo humano o para la subsistencia de la biodiversidad, han generado conflictividad social y muerte.
El tráfico de influencias y la corrupción de las autoridades, ha sido una práctica en el nuevo modelo de despojo de los bienes comunes, por lo que la defensa del territorio es la mejor respuesta de la población organizada.”
El negocio de las areneras
“En un ensayo que busca identificar los intereses económicos y políticos que subyacen en las operaciones extractivas de arena que realizan empresas privadas en el municipio de Chinautla y los impactos de estas en algunas de sus comunidades.
Esta actividad minera, pese a estar muy poco investigada, está muy desarrollada. Sin embargo, se ha podido indagar que algunas de estas empresas, propiedad de capitales menores, están vinculadas a grandes capitales monopólicos y corporativos nacionales de la industria del cemento y de la construcción.”
Agua, un bien común
“Guatemala es de los pocos países de la región que no tiene una autoridad que regule el uso, manejo y distribución de sus recursos hídricos. Han sido las Municipalidades y, sobre todo, la de la Ciudad de Guatemala en donde existe la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA), las que han administrado y distribuido el agua potable, existiendo en algunos municipios empresas comunitarias y Juntas de Administración Comunitaria como encargadas de proveerlos. Además, existen empresas privadas que se encargan de la distribución de agua potable.
El consumo de agua potable se encuentra estipulado en el Código de Salud y Código Municipal, y en estos instrumentos se obliga al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para que observe y garantice la calidad del agua para el consumo humano.
Sin embargo, siendo el agua un bien público vital para la toda la reproducción de la vida, de facto se ha privatizado por parte de los grandes grupos empresariales corporativos que la utilizan para los procesos extractivos que llevan a cabo, fundamentalmente en monocultivos para la agroexportación como la palma africana, la caña de azúcar y el hule, entre otros; la generación de energía eléctrica por medio de hidroeléctricas y para las actividades mineras así como para la venta de agua embotellada y la fabricación de cerveza y bebidas carbonatadas, que disputan su manejo y disponibilidad a los usos para consumo humano.”
Compartimos el video del foro de presentación de estas investigaciones, donde puede escuchar de sus autores los datos que contiene cada una.