Protocolo de Nagoya, un decreto que promueve la privatización y la comercialización de la biodiversidad.

Las organizaciones parte de la REDSAG y el Colectivo Madre Selva presentaron el 24 de enero de recién pasado un Amicus Curíae ante la Corte de Constitucionalidad. El protocolo de Nagoya promueve las concesiones, regalías, acceso para las investigaciones y el derecho de propiedad intelectual sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales, sin consultar y tomar en cuenta la visión y el posicionamiento de los pueblos indígenas frente a la privatización y comercialización de la biodiversidad y los conocimientos ancestrales.

El Amicus Curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.

 

 

La información proporcionada puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso. La decisión sobre la admisibilidad de un Amicus Curiae queda, generalmente, entregada al arbitrio del respectivo tribunal.

Antecedentes de la aprobación del protocolo

El 2 de junio de 2016 las autoridades ancestrales de los pueblos Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo y las organizaciones que forman parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, REDSAG, presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad contra el Decreto 6-14 que le dio vida al protocolo de Nagoya.

El 16 de junio del mismo año, la Corte notificó sobre la suspensión provisional del decreto y concedió audiencia por 15 días comunes al Congreso de la República de Guatemala, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, y al Ministerio Publico por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales.

El protocolo de Nagoya se genera del Convenio sobre Diversidad Biológica, la utilización de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos, fue negociado en la conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Cumbre de la Tierra, celebrado en Río de Janeiro, Brasil, el 5 de junio de 1992 y entró en vigencia el 29 de diciembre de 1993.

El 29 de octubre de 2010 en una reunión de la conferencia de las partes celebrada en Nagoya, Japón, se adoptó el Protocolo de Nagoya. El 12 de enero de 1996 fue publicado en el Diario de Centroamérica el Decreto 5-95: Ratificación del Estado de Guatemala del convenio sobre la diversidad biológica. Y el 3 de marzo de 2014 fue publicado el Decreto Legislativo 6-2014, que aprobó el Protocolo de Nagoya.