La Corte de Constitucionalidad después de varios años y procesos legales emprendidos por comunidades y organizaciones sociales, declaró inconstitucional el Acuerdo Gubernativo 145-2013, que decretara en Consejo de Ministros el entonces presidente de la República, Otto Perez Molina.
El acuerdo establecía decretar de “Urgencia Nacional y Necesidad Publica la Construcción de Obras Contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica y las Obras en el Plan de Electrificación Rural”, conocidas como PET y PER.
Algunos de los argumentos emitidos por la alta magistratura, señalan que, el presidente Otto Perez Molina se extralimitó en sus funciones, ya que no estaba dentro de sus competencias emitir un acuerdo de urgencia nacional, facultad únicamente designada al Congreso de la República. Además indica que Perez Molina tergiversó el papel que le corresponde al Estado de “orientar la economía nacional, ya que todos los procesos productivos: producción, transmisión y comercialización, los deja en manos del sector privado”, de allí su denominación como “Ley TRECSA”, pues es esta la empresa que se ha encargado de construir la infraestructura necesaria para el proyecto.
La resolución también señala que se violentaron “derechos constitucionales a la consulta, a la propiedad privada individual o colectiva e indemnización justa”, pues la norma obligaba a toda persona individual o jurídica a dar en servidumbre las tierras necesarias para el desarrollo de las obras.
Otros de los alegatos presentados por las comunidades, es que el PET y PER afecta 8 áreas protegidas, sin que las autoridades municipales y locales pudieran hacer algo al respecto. Así mismo, una de las razones por declararlo de urgencia nacional y necesidad pública era porque este llevaría energía eléctrica a las comunidades, sin embargo, los beneficiarios serían las grandes empresas consumidoras.
Las comunidades continuaran su lucha en la defensa del territorio y el restablecimiento de sus derechos individuales y colectivos, indicaron.