El día 28 de agosto de 2017 bajo la energía B’atz, representantes de las organizaciones: Comité de Desarrollo Campesino, CODECA; Asamblea Regional de Occidente; Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa; los diputados Amílcar Pop y Leocadio Juracán, y los abogados Juan Castro y Ramón Cadena presentaron ante la Corte de Constitucionalidad una acción de inconstitucionalidad al acuerdo 145-2013 en el que se declara de “urgencia nacional” y “necesidad pública” el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica (PET).
Previo a la presentación formal de la acción de inconstitucionalidad, se realizó una audiencia con el magistrado José Francisco de Mata Vela, a quien las y los representantes comunitarios manifestaron su preocupación por las violaciones a derechos colectivos que se ejecutan bajo el amparo del acuerdo 145-2013, tales como violación a la propiedad privada y colectiva, violación al derecho a la alimentación, violación al derecho a consulta previa, libre e informada, poniendo incluso en segundo plano la autonomía municipal que es uno de los principales logros de la Revolución de 1944.
Se solicitó al magistrado una audiencia de Vista Pública donde se puedan exponer las graves violaciones producidas por la imposición de las torres del tendido eléctrico, así como se está afectando a los pueblos Indígena, Garífuna, Xinca y Mestizo en defensa de los intereses de empresas extranjeras. El compromiso asumido por el magistrado de Mata Vela fue resolver al menor tiempo posible la solicitud y dictar pronta sentencia ante la acción de inconstitucionalidad presentada.
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