Miembros de la Alianza Nacional de Protección a la Biodiversidad, ANAPROB, y la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria, REDSAG, se reunieron con diputados del Congreso de la República y un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, donde les exigieron legislar a favor de la protección, uso sostenible y reproducción libre de los recursos genéticos, rechazando el nuevo intento de promover un proyecto de ley de protección de obtenciones vegetales.
Las organizaciones sociales, indígenas y campesinas que forman parte de Anaprob y Redsag, previo a un proceso de análisis sobre la adhesión a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, que lleva a cabo Guatemala desde el año 2006 como parte de los compromisos adquiridos en el Tratado de Libre Comercio (CAFTA por sus siglas en ingles) para aplicar los derechos de propiedad intelectual, que le dio lugar a la aprobación de la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, denominada Ley Monsanto en 2014 y que fue derogada debido a la fuerte movilización social durante el mismo año, plantearon su preocupación ante la promoción del nuevo proyecto de ley.
La ley de protección de obtenciones vegetales es altamente lesiva para la Soberanía Alimentaria y el derecho humano a la alimentación, porque legaliza el saqueo del conocimiento tradicional campesino ligado a la biodiversidad, dificulta los derechos campesinos a la libre distribución e intercambio de las semillas que han realizado por cientos de años. El proyecto de ley no incluye la consulta a comunidades y pueblos indígenas, irrespetando el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
La ley está orientada a garantizar las ganancias de los “obtentores” sin pagar el costo del conocimiento colectivo implícito por el proceso de domesticación y selección que se ha hecho por generaciones, que históricamente han contribuido a formar esa base genética sobre la cual los obtentores trabajan. Entendiendo que la principal razón de promover este instrumento legal es favorecer fines comerciales, fortaleciendo el modelo económico dominante y excluyente.
También podría generar protección legal para que empresas de mejoramiento genético puedan patentar especies silvestres. Además promueve la apropiación de materiales genéticos y conocimientos tradicionales a través de derechos de obtentor, recursos genéticos vegetales a través de la adhesión a la UVOP, y la ley de propiedad intelectual. Con esta ley se permitiría la experimentación, transporte y liberación de organismo vivos modificados, mejor conocidos como transgénicos.
Las demandas de Anaprob y Redsag ante este intento de reactivar la Ley Monsanto, se centra en respetar el articulo 9 sobre los derechos campesinos contenidos en el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, TIRFAA, respetar el lenguaje campesino e indígena de la biodiversidad como parte de la identidad, defender los derechos colectivos de los pueblos ante la violación de derechos que ocasionan estos acuerdos internacionales.
Las organizaciones también exigieron la necesidad de promover una legislación que reconozca los materiales y conocimientos bioculturales y sancionar a quienes afecten y se apropien de los conocimientos y materiales genéticos del país.
*Con información de REDSAG
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