Comunidades, organizaciones y autoridades ancestrales acudieron a la Corte de Constitucionalidad a solicitar sea derogado el Acuerdo Gubernativo 145-2013, que declaró de urgencia nacional el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, PET, y el Plan de Electrificación Rural, PER.
Dicho acuerdo fue firmado por el ex presidente Otto Pérez Molina, quien guarda prisión tras ser señalado por varios actos de corrupción durante su mandato.
La solicitud responde a que en el acuerdo, denominado Ley Trecsa por las comunidades, beneficia de manera exclusiva a la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A., quien para la instalación de las torres del tendido eléctrico tiene a su disposición la figura de servidumbre forzosa, que permite el despojo de tierras a las comunidades.
Además, como indica el comunicado de la Asamblea Regional de Occidente, ARO, los liderazgos comunitarios han sido víctimas flagrantemente de persecución, encarcelamiento y estigmatización por oponerse a estos proyectos que dañan el medio ambiente y generan conflictividad en los territorios.
La Procuraduría de Derechos Humanos, PDH, y el Ministerio Publico, MP, también se unieron a la solicitud de las comunidades, pues consideran que la aprobación del acuerdo violenta derechos fundamentales de los pueblos, despojándoles de las condiciones de vida digna mínima que deben tener, así como respetar su derecho a ser consultados sobre cualquier actividad que pueda afectarles.
Aro, hace un llamado a las comunidades y municipios de las diferentes regiones del país que han sido o puedan verse afectados a que se unan y evidencien los daños que ocasionan estos proyectos que no dejan ningún beneficio para los pueblos empobrecidos.
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Comunicado Asamblea Regional de Occidente -ARO-
Comunicado Comunidades Afectadas por Trecsa
Para más información, consulta:
Ley de Servidumbre Forzosa 4782: Expropiación en tiempos de conflictividad
El Pueblo le da la oportunidad a la CC de nivelar la Justicia: Caso TRECSA