Por la defensa del territorio
Las autoridades comunitarias de las 24 comunidades del área rural, articuladas en COALCO, del municipio de Quetzaltenango, rechazan la imposición del plan de ordenamiento territorial (POT) y proponen reformas.
La lucha que han venido realizando las autoridades comunitarias del área rural del municipio de Quetzaltenango, a través de la Coordinadora de Consejos y Alcaldes Comunitarios- COALCO; desde hace casi dos años, a partir que entró en vigencia el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, en agosto del año 2017, ha significado un gran desafío para la Defensa de la Autonomía del gobierno propio, de los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas, debido a que se considera un instrumento violatorio que afecta especialmente a la población indígena de las áreas rurales y de escasos recursos, el cual además contraviene algunas leyes internas del país y el Convenio 169.
En este proceso de oposición colectiva e incidencia, se han impulsado reuniones estratégicas con las instancias municipales que tienen competencia con el ordenamiento territorial, así mismo con el Concejo Municipal. Además, se han analizado y presentado reformas a más de 50 artículos de dicho Plan. Se han realizado medidas de hecho, como bloqueos al paso de los camiones municipales encargados del traslado de los desechos al Vertedero Municipal, ubicado en el Valle del Palajunoj.
Toda esta lucha ha tensado las relaciones entre autoridades municipales y autoridades comunitarias, lo cual desencadenó con la criminalización de 4 líderes comunitarios y una lideresa, quienes fueron denunciados por el Alcalde Municipal, Luis Grijalva, por el delito de obstrucción a la libre locomoción ante el Ministerio Público, en diciembre del 2018.
Esta situación permitió que ambas partes, autoridades comunitarias y autoridades municipales, en un esfuerzo conjunto aceptaran establecer una Mesa Técnica de Diálogo bajo condiciones previamente establecidas, con la intervención del Centro Universitario de Occidente-CUNOC, a través de la División de Ciencias Jurídicas, como mediadora, donde se han venido estableciendo consensos para posteriormente presentarlos ante el Concejo Municipal, para su aprobación final.
Este proceso busca reformar el actual Reglamento Municipal, “no sabemos cuál vaya ser el resultado final de estas negociaciones, lo que sí sabemos es que las autoridades comunitarias no claudicaremos en nuestra lucha por defender los intereses de la población a la cual representamos y que fue quien nos eligió, y que de una u otra manera encontraremos nuevas formas de oposición e incidencia, en caso nuestras peticiones no sean tomadas en cuenta”, puntualizó Mario Pérez, Coordinador General de COALCO.